La pandemia de COVID-19 fue el mayor desafío sanitario global de nuestra generación y, al mismo tiempo, un enorme experimento de salud pública realizado en tiempo real. En pocos meses obligó a ampliar hospitales, reorganizar sistemas sanitarios, restringir actividades económicas y sociales, acelerar investigaciones que normalmente habrían requerido años y desarrollar vacunas en plazos hasta entonces impensables.
También puso en evidencia errores científicos, problemas de comunicación, fallas logísticas, desigualdades entre países y decisiones políticas cuyo balance todavía continúa discutiéndose.
Más de seis años después del comienzo de aquella crisis, la pregunta relevante ya no es solamente qué ocurrió, sino cuánto aprendimos realmente. La próxima pandemia llegará, aunque nadie pueda predecir cuándo ni cuál será el microorganismo responsable. La cuestión fundamental es si la próxima vez podremos detectar antes la amenaza, responder con mayor precisión, mantener funcionando la atención sanitaria habitual y evitar repetir intervenciones cuyo costo social terminó siendo enorme.
A octubre de 2026, la respuesta es ambivalente. Desde el punto de vista científico y tecnológico estamos considerablemente mejor preparados que en 2019. En vigilancia epidemiológica, secuenciación genómica, plataformas vacunales y capacidad de análisis se produjeron avances muy importantes. Sin embargo, persisten interrogantes sobre logística, cooperación internacional, confianza social y capacidad política para utilizar proporcionalmente las herramientas disponibles.
La primera lección: en una epidemia el tiempo importa
Una epidemia de crecimiento exponencial castiga especialmente las respuestas tardías. Un patógeno respiratorio capaz de transmitirse con eficacia puede pasar de algunos cientos de casos a decenas de miles mientras autoridades sanitarias y gobiernos todavía intentan determinar su gravedad, su mecanismo de transmisión predominante o si existe circulación comunitaria.
Por eso la vigilancia epidemiológica no puede comenzar cuando los hospitales ya están llenos. Detectar una agrupación inusual de casos, obtener muestras, identificar el agente, secuenciar su genoma y compartir rápidamente esa información puede modificar de manera sustancial todo lo que ocurre después.
También aprendimos que la preparación previa importa tanto como la innovación tecnológica. Un sistema con escasez de personal, laboratorios insuficientes, pocas camas críticas o cadenas de abastecimiento frágiles no puede corregir todas esas deficiencias mientras la epidemia ya está creciendo. Una parte importante de la respuesta debe estar construida antes de que aparezca el nuevo patógeno.
Qué hicimos bien durante el COVID-19
Uno de los grandes logros fue la velocidad de la respuesta científica. El desarrollo de vacunas, que tradicionalmente podía requerir muchos años, se comprimió a menos de uno. CEPI calcula que transcurrieron 326 días entre la publicación de la secuencia genética de SARS-CoV-2 y el comienzo del uso de las primeras vacunas eficaces.[1]
La pandemia también demostró que es posible responder rápidamente preguntas clínicas importantes mediante grandes ensayos pragmáticos. Mientras numerosos medicamentos comenzaron a utilizarse sobre la base de plausibilidad biológica, pequeñas series o entusiasmo inicial, los ensayos aleatorizados permitieron distinguir cuáles realmente modificaban los resultados clínicos.
La enseñanza es importante: una emergencia sanitaria no justifica reducir los estándares de evidencia. Por el contrario, aumenta la necesidad de generar evidencia confiable con rapidez.
Otro avance extraordinario fue la secuenciación genómica a gran escala. Durante COVID-19 fue posible seguir prácticamente en tiempo real la aparición y propagación de nuevas variantes. Esa capacidad, que antes de la pandemia estaba concentrada en pocos países y centros académicos, forma ahora parte de una infraestructura internacional considerablemente más extensa.
El sistema sanitario no puede dedicarse a una sola enfermedad
Una de las consecuencias menos visibles del COVID-19 fue la alteración de la atención sanitaria habitual. Diagnósticos, cirugías, controles de enfermedades crónicas, vacunación, atención cardiovascular, salud mental y programas de prevención sufrieron interrupciones en distintas partes del mundo.
Para áreas como la oncología, la enseñanza es particularmente importante. La próxima pandemia no puede volver a generar un sistema sanitario concentrado casi exclusivamente en el nuevo microorganismo mientras los demás pacientes esperan.
El verdadero desafío será mantener simultáneamente dos capacidades: una destinada a contener la emergencia y otra que permita continuar diagnosticando y tratando las enfermedades que siguen existiendo durante ella. Una respuesta pandémica que reduzca determinada mortalidad mientras genera otra mortalidad evitable por diagnósticos o tratamientos demorados no puede evaluarse solamente contando infecciones.
Qué hicimos mal
La pandemia mostró también cuán difícil resulta tomar decisiones mientras la información cambia rápidamente. Durante los primeros meses se dedicó una enorme cantidad de esfuerzo a la desinfección de superficies mientras se demoraba el reconocimiento del papel fundamental de la transmisión aérea en espacios cerrados. Con el tiempo adquirieron mayor relevancia la ventilación, la filtración del aire y una protección respiratoria adecuada en los ámbitos de mayor riesgo.
Las revisiones posteriores encontraron que las intervenciones no farmacológicas disminuyeron efectivamente la transmisión, pero también demostraron cuánto cuesta aislar el efecto individual de cada medida cuando varias son implementadas simultáneamente.[2]
La comunicación fue otro problema. Con demasiada frecuencia se presentaron como certezas cuestiones que todavía estaban en investigación. Cuando posteriormente las recomendaciones cambiaban, una parte de la población interpretaba esa modificación como incompetencia o engaño, cuando revisar una conducta ante nueva evidencia es precisamente parte del funcionamiento normal de la ciencia.
La lección debería ser comunicar mejor la incertidumbre: explicar qué sabemos, qué consideramos probable y qué todavía desconocemos.
Confinamientos: eficacia epidemiológica no equivale automáticamente a beneficio social
Pocas decisiones de la pandemia continúan generando tanta discusión como los confinamientos. La evidencia permite sostener que las restricciones de contactos, especialmente cuando fueron aplicadas precozmente y junto con otras intervenciones, disminuyeron la transmisión de SARS-CoV-2.[2]
Pero esa conclusión no demuestra que cualquier confinamiento haya sido beneficioso independientemente de su duración.
Reducir contagios constituye un objetivo relevante, pero una política sanitaria debe considerar simultáneamente mortalidad, saturación hospitalaria, interrupción de tratamientos, educación, empleo, salud mental, actividad económica y restricciones de libertades individuales.
Un confinamiento puede ser razonable durante algunas semanas para ganar tiempo frente a un microorganismo desconocido y evitar que un sistema sanitario inicialmente vulnerable colapse. La misma herramienta puede transformarse meses después en una intervención cuyo beneficio adicional es cada vez menor mientras sus costos continúan acumulándose.
Ésta es una de las grandes lecciones que deberían permanecer después del COVID-19.
Argentina: una decisión inicial comprensible que se prolongó demasiado
Argentina estableció el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio —ASPO— a partir del 20 de marzo de 2020. La norma obligaba a permanecer en el domicilio, limitaba los desplazamientos a actividades esenciales y establecía controles para garantizar su cumplimiento.[3]
Considerando la información disponible en ese momento, la decisión inicial era defendible. Europa mostraba sistemas hospitalarios desbordados, no existían vacunas ni tratamientos específicos y todavía había grandes incertidumbres sobre la gravedad de la enfermedad. Argentina tenía una ventana de oportunidad para disminuir inicialmente la velocidad de propagación mientras aumentaba su capacidad asistencial.
Ese tiempo tuvo una utilidad concreta. Para julio de 2020 el país había incorporado 3.147 camas de terapia intensiva, aumentando un 37% su capacidad, mientras el número de respiradores había crecido aproximadamente un 38%.[4]
El problema fue la prolongación.
El ASPO uniforme para todo el territorio fue prorrogado hasta el 7 de junio de 2020. A partir del 8 de junio comenzó una etapa territorialmente diferenciada en la cual algunas jurisdicciones quedaron sometidas a distanciamiento mientras otras continuaron bajo aislamiento.[5] Por eso no es correcto afirmar que toda Argentina permaneció durante ocho meses sometida exactamente a la misma cuarentena. Sí puede afirmarse que en distintas regiones continuaron durante muchos meses restricciones extraordinarias y que el AMBA recién pasó formalmente al régimen de distanciamiento el 9 de noviembre.[6]
Con el paso del tiempo, la relación entre beneficios y costos cambió.
Un estudio argentino que analizó movilidad y contagios encontró una reducción importante de la movilidad durante el confinamiento, pero señaló que las restricciones estrictas parecían tener mayor eficacia durante períodos breves y perdían rendimiento cuando se prolongaban sin suficientes medidas complementarias. Se trata de un estudio observacional y, por lo tanto, no permite calcular cuántas infecciones o muertes fueron evitadas, pero ilustra un problema fundamental: un decreto solamente disminuye la transmisión mientras consigue modificar realmente el comportamiento de la población.[7]
¿El confinamiento argentino evitó muertes?
No podemos saber cuántas personas habrían muerto en Argentina sin las restricciones iniciales porque ese escenario alternativo nunca ocurrió. Cualquier número preciso sería una estimación construida mediante modelos y supuestos.
Sí sabemos que la mortalidad tuvo una evolución interesante. En todo 2020 Argentina registró un exceso de mortalidad por todas las causas del 10,6%, equivalente a 36.306 fallecimientos por encima del umbral esperado.[8]
El patrón temporal es compatible con una fuerte postergación inicial de la circulación viral seguida posteriormente por una ola importante. Esto no significa que ganar tiempo haya sido inútil: permitió aumentar camas, respiradores, entrenamiento y conocimiento clínico. Pero obliga a distinguir entre retrasar una epidemia y conseguir impedirla.
Retrospectivamente, el principal problema argentino probablemente no haya sido imponer un confinamiento intenso el 20 de marzo, sino mantener durante demasiado tiempo una herramienta concebida fundamentalmente para ganar tiempo, sin realizar suficientemente rápido la transición hacia otra estrategia basada en diagnóstico, aislamiento de infectados, protección de personas vulnerables, ventilación, mantenimiento de actividades esenciales y restricciones mucho más focalizadas.
El costo educativo también fue sanitario y social
El cierre de establecimientos educativos constituye uno de los aspectos que más merece revisarse antes de una futura emergencia. UNICEF estima que aproximadamente 10,5 millones de niños y adolescentes argentinos vieron alterada su educación cuando se suspendió la presencialidad. En 2020, el 18% de los adolescentes relevados no tenía acceso a Internet en el hogar y el 37% carecía de una computadora disponible para realizar las tareas escolares.[9]
Las consecuencias de cerrar una escuela no terminan en la pérdida de contenidos académicos. La escuela ofrece alimentación, contacto social, detección de situaciones de violencia, acompañamiento de niños vulnerables y una estructura cotidiana difícil de sustituir durante períodos prolongados.
Esto no significa que las escuelas nunca deban cerrar. Frente a un futuro patógeno con alta mortalidad infantil, la ecuación sería completamente diferente. La enseñanza es que la decisión debe depender de las características del microorganismo y no de repetir automáticamente lo realizado frente a SARS-CoV-2.
Cómo deberían ser los próximos confinamientos si vuelven a ser necesarios
Sería igualmente equivocado pasar de la experiencia de 2020 a sostener que nunca más debe reducirse intensamente la movilidad. Puede aparecer un virus respiratorio con elevada letalidad, transmisión antes de los síntomas, mortalidad importante también entre jóvenes, ausencia de tratamiento y riesgo inmediato de saturación hospitalaria. En esas circunstancias, una reducción temporal muy intensa de contactos podría volver a ser razonable.
La diferencia debería estar en su diseño. Un futuro confinamiento debería comenzar con un objetivo explícito y medible: evitar durante algunas semanas la saturación hospitalaria, ampliar la capacidad asistencial o ganar tiempo hasta disponer de una determinada contramedida. Desde el comienzo debería establecerse una fecha de revisión y criterios objetivos para mantenerlo, flexibilizarlo o suspenderlo.
Las decisiones tendrían que basarse principalmente en gravedad clínica, hospitalizaciones, ocupación de cuidados críticos, velocidad de crecimiento y capacidad real del sistema sanitario, más que en perseguir indefinidamente una cifra determinada de casos.
Siempre que sea posible, las medidas deberían ser locales y focalizadas. La existencia de un brote grave en determinada región no debería paralizar automáticamente todo un país con realidades epidemiológicas diferentes.
La OMS formalizó en 2025 una evolución importante en este sentido. Su nuevo marco para medidas sociales durante emergencias recomienda considerar no solamente la epidemiología, sino también capacidad sanitaria, disponibilidad de contramedidas, recursos, factibilidad legal, aceptación pública, efectos adversos y necesidad de mantener tanto la actividad económica como la educación.[10]
La pregunta futura, por lo tanto, no debería ser simplemente “¿confinamiento sí o no?”, sino qué objetivo se intenta alcanzar, cuál es la intervención eficaz menos restrictiva, durante cuánto tiempo resulta necesaria y qué evidencia justificaría prolongarla.
Detectar la próxima amenaza antes de que se transforme en pandemia
Una de las mayores transformaciones posteriores al COVID-19 es el desarrollo de sistemas internacionales de inteligencia epidemiológica.
El WHO Hub for Pandemic and Epidemic Intelligence, creado en Berlín en 2021, presentó en octubre de 2026 una estrategia que pretende que todos los países tengan capacidad para detectar y comprender nuevas amenazas sanitarias dentro de las primeras 24 horas de su aparición. Actualmente trabaja con más de 160 Estados miembros y unas 190 organizaciones y redes asociadas.[11]
El objetivo combina epidemiología tradicional con secuenciación genómica, análisis automatizado de fuentes abiertas, modelización y nuevas herramientas de inteligencia artificial.
No se intenta adivinar exactamente cuál será el próximo virus. La estrategia consiste en reconocer suficientemente temprano una anomalía para que todavía exista posibilidad de contenerla.
De vacunas en once meses a vacunas en cien días
La segunda gran apuesta internacional es disminuir drásticamente el tiempo necesario para desarrollar vacunas frente a un patógeno emergente.
La denominada 100 Days Mission pretende pasar de la identificación de una amenaza a disponer de una vacuna preparada para autorización inicial y fabricación a escala en aproximadamente cien días. El punto de comparación es COVID-19: aquella hazaña requirió 326 días.[1]
Para conseguirlo se están desarrollando plataformas previamente caracterizadas y vacunas prototipo frente a distintas familias virales. Si el próximo microorganismo pertenece a una familia ya estudiada, buena parte del conocimiento tecnológico y regulatorio podría existir antes de que aparezca el patógeno concreto.
Sin embargo, una vacuna desarrollada en cien días no significa una población mundial vacunada en cien días. La producción de miles de millones de dosis exige fábricas, materias primas, envases, controles regulatorios, transporte, cadenas de frío y personal capaz de aplicarlas.
COVID-19 demostró que después de resolver el problema científico todavía queda por resolver el problema industrial y logístico.
Preparar la logística antes de que empiece la emergencia
Durante una pandemia todos los países quieren simultáneamente los mismos productos. Reactivos, equipos de protección, medicamentos, jeringas y vacunas pueden convertirse rápidamente en bienes escasos mientras gobiernos con distinta capacidad financiera compiten por una producción limitada.
Por eso una parte importante de la nueva preparación consiste en negociar previamente mecanismos de reserva.
En mayo de 2026 la Organización Panamericana de la Salud anunció un acuerdo con CSL Seqirus que reserva un porcentaje de la producción mundial de vacunas contra influenza pandémica para los países participantes de América Latina y el Caribe.[12]
El concepto es simple pero importante: la región no debería comenzar a buscar sus primeras dosis cuando la pandemia ya está en marcha y los principales productores tienen comprometida casi toda su capacidad.
Esta preparación requiere además conocer de antemano dónde se fabrican los insumos críticos, qué capacidad adicional puede activarse, cuáles son los componentes dependientes de un único proveedor y cómo se distribuirán los productos desde los aeropuertos y depósitos hasta hospitales y vacunatorios.
Qué acuerdos internacionales existen después del COVID-19
La arquitectura jurídica internacional también cambió. En 2024 los Estados aprobaron modificaciones al Reglamento Sanitario Internacional que entraron en vigor para la mayoría de las partes el 19 de septiembre de 2025. Entre las novedades se incorporó la categoría de “emergencia pandémica”, se reforzaron mecanismos nacionales de coordinación y se incluyeron disposiciones sobre acceso a productos sanitarios y financiación.[13]
En mayo de 2025 la Asamblea Mundial de la Salud adoptó además el primer Acuerdo de la OMS sobre Pandemias.[14]
Sin embargo, el acuerdo todavía no está completamente operativo. A octubre de 2026 continúa negociándose su componente probablemente más complejo: el sistema PABS —Pathogen Access and Benefit Sharing—, cuyo objetivo es relacionar el intercambio rápido de muestras y secuencias de patógenos con un acceso más equitativo a las vacunas, tratamientos y diagnósticos desarrollados a partir de ellos.[15]
La discusión intenta resolver uno de los problemas observados durante COVID-19: un país puede identificar y compartir rápidamente un nuevo patógeno, pero luego quedar relegado cuando los productos obtenidos gracias a esa información comienzan a distribuirse.
También es importante aclarar un aspecto que generó considerable controversia. El Acuerdo sobre Pandemias no otorga a la OMS autoridad para ordenar confinamientos, vacunaciones obligatorias o restricciones internas. El propio texto establece que estas decisiones permanecen dentro de la soberanía de los Estados.[14]
¿Cuál podría ser la próxima pandemia?
Nadie puede identificar hoy al próximo patógeno pandémico. Sin embargo, no todos los escenarios son igualmente plausibles.
Una nueva influenza A zoonótica se encuentra entre las posibilidades que más preocupan por la existencia de enormes reservorios animales, su capacidad de mutación y reasociación genética y los antecedentes históricos de pandemias gripales. H5N1 recibe actualmente especial atención debido a su extensa circulación animal y a las infecciones humanas esporádicas. La evaluación conjunta de OMS, FAO y WOAH de mayo de 2026 seguía considerando bajo el riesgo para la población general, aunque mayor para personas con exposición frecuente a animales infectados.[16]
El elemento que cambiaría radicalmente esta evaluación sería la aparición de transmisión sostenida y eficiente entre seres humanos.
Otro coronavirus constituye un segundo escenario muy plausible. SARS en 2003, MERS desde 2012 y SARS-CoV-2 desde 2019 demostraron repetidamente que esta familia posee capacidad para atravesar la barrera entre especies y producir enfermedad humana grave.
Existe también el concepto de Disease X, utilizado por la OMS para reconocer que la próxima amenaza puede proceder de un microorganismo que actualmente ni siquiera conocemos como patógeno humano. No es el nombre de un virus, sino una categoría para obligarnos a preparar plataformas y sistemas que puedan responder también a amenazas desconocidas.
El virus Nipah representa otro tipo de preocupación. Puede producir enfermedad neurológica y respiratoria grave, su letalidad histórica se estima entre 40% y 75% y existe transmisión entre personas. Hasta ahora, sin embargo, su capacidad de propagación interpersonal es mucho menor que la de influenza o SARS-CoV-2.[17]
Por probabilidad y características biológicas, una nueva influenza y otro coronavirus continúan siendo probablemente los dos escenarios respiratorios que merecen mayor preparación, sin que ello permita descartar un agente completamente nuevo.
Cómo deberíamos actuar durante los primeros días
Los primeros días de una futura emergencia deberían utilizarse para responder rápidamente algunas preguntas esenciales: qué agente estamos enfrentando, cómo se transmite, cuál es su gravedad real, qué grupos concentran el riesgo, cuál es el período de incubación y hasta qué punto existe transmisión antes de los síntomas.
Mientras se obtiene esa información deberían comenzar simultáneamente el diagnóstico, aislamiento de casos, investigación de contactos cuando todavía sea posible, protección del personal sanitario y secuenciación del patógeno.
Las medidas sociales deben depender del microorganismo. Un virus cuya mortalidad se concentre en adultos mayores exige una respuesta diferente de otro que afecte especialmente a niños. Un agente transmitido predominantemente por aerosoles requiere priorizar ventilación, filtración y protección respiratoria. Una enfermedad sin transmisión presintomática ofrece oportunidades mucho mayores para el aislamiento y rastreo de contactos.
Sobre todo, las decisiones iniciales deberían poder modificarse. Una medida razonable durante la primera semana no puede convertirse en doctrina seis meses después simplemente porque funcionó cuando desconocíamos casi todo.
Qué papel tendrá la OMS después de la salida de Estados Unidos
Estados Unidos notificó su retirada de la Organización Mundial de la Salud y durante 2025 y 2026 redujo sustancialmente su participación y financiación. La propia OMS reconoció la trascendencia de la decisión y recordó el papel histórico estadounidense en programas de influenza, poliomielitis, VIH, tuberculosis, malaria, ébola y otras amenazas.[18]
Esto no elimina el papel de la OMS. La organización continúa coordinando redes internacionales de vigilancia, intercambio de información, influenza, estándares técnicos y respuestas frente a amenazas transfronterizas.
Pero la retirada estadounidense introduce una paradoja. Estados Unidos continúa teniendo probablemente la infraestructura científica y biomédica más poderosa del mundo, a través de instituciones como CDC, NIH y FDA, mientras dispone de menor participación formal en el principal organismo multilateral de coordinación sanitaria.
Una futura pandemia permitirá saber hasta qué punto las redes científicas y técnicas pueden mantener una cooperación eficaz cuando la estructura política internacional se encuentra más fragmentada que durante 2020.
Argentina, la OMS y la OPS: una situación particular
La situación argentina debe describirse con precisión.
Argentina notificó al Secretario General de las Naciones Unidas su decisión de retirarse de la OMS con efecto declarado a partir del 17 de marzo de 2026. Sin embargo, la Constitución de la OMS no establece un procedimiento ordinario de retiro equivalente al que contienen otros tratados. Durante la Asamblea Mundial de la Salud de mayo de 2026 se tomó nota de la comunicación argentina y se acordó por consenso que, por el momento, no resultaba deseable adoptar medidas adicionales sobre la cuestión.[19]
Esto no implica que Argentina haya abandonado la cooperación sanitaria regional.
La Organización Panamericana de la Salud tiene una estructura institucional propia y Argentina es miembro desde el 27 de septiembre de 1937.[20] La continuidad dentro de la OPS permite mantener cooperación regional, asistencia técnica y participación en mecanismos de vigilancia, preparación y adquisición de productos sanitarios.
Para Argentina, esta relación adquiere ahora una importancia todavía mayor: la OPS constituye el principal puente institucional entre el sistema sanitario nacional y muchas de las redes regionales de preparación frente a emergencias.
Qué está haciendo Argentina para prepararse
Argentina conserva capacidades que pueden resultar muy relevantes frente a una nueva amenaza.
En agosto de 2026 la ANLIS Malbrán firmó un acuerdo con Illumina para validar un panel de vigilancia genómica capaz de detectar mediante secuenciación cerca de 200 virus diferentes. El sistema incluye influenza, SARS-CoV-2, hantavirus, sarampión, hepatitis, virus sincicial respiratorio, mpox, Oropouche, virus Junín, dengue, Zika, chikungunya y ébola, entre otros.[21]
Además, desde 2025 funciona en el Malbrán un laboratorio de bioseguridad nivel 4, la categoría máxima internacional de contención biológica, destinado al estudio seguro de agentes de muy alto riesgo.[22]
También existe un esfuerzo por incorporar modelos predictivos. En septiembre de 2026 equipos del Ministerio de Salud de la Nación, la OPS, los CDC estadounidenses y la Universidad del Norte de Arizona trabajaron en herramientas destinadas a anticipar la evolución de las infecciones respiratorias agudas graves y estimar la demanda hospitalaria antes de que los indicadores tradicionales reflejen plenamente el cambio epidemiológico.[23]
A esto se suma el acuerdo regional de la OPS para reservar vacunas contra una futura influenza pandémica.[12]
Estos desarrollos muestran algo importante: prepararse para una pandemia no consiste solamente en disponer de un protocolo escrito. Significa tener laboratorios que funcionen, secuenciación disponible, personal entrenado, sistemas capaces de intercambiar información, capacidad para anticipar demanda hospitalaria y acuerdos de abastecimiento establecidos antes de que todos los países comiencen a competir simultáneamente por los mismos productos.
¿Estamos realmente mejor preparados?
En algunos aspectos, indudablemente sí. Podemos reconocer y secuenciar microorganismos mucho más rápidamente, existen plataformas vacunales adaptables a nuevas amenazas, las redes internacionales de vigilancia se han ampliado y comienzan a negociarse reservas de productos antes de las emergencias.
Pero persisten vulnerabilidades importantes. Muchos sistemas sanitarios continúan funcionando cerca de su capacidad máxima, una parte de la producción mundial de insumos críticos permanece concentrada en pocos países y empresas, la confianza pública quedó dañada después del COVID-19 y la cooperación internacional atraviesa un período de creciente fragmentación.
La próxima pandemia, por lo tanto, no se resolverá únicamente con ciencia. Necesitará vigilancia, hospitales, laboratorios, fabricación, logística, comunicación transparente, instituciones confiables y cooperación internacional.
También requerirá utilizar con mayor precisión el poder del Estado. Las restricciones intensas pueden volver a resultar necesarias frente a una amenaza verdaderamente excepcional, pero deberían perseguir objetivos concretos, durar el menor tiempo posible y estar sometidas a revisión continua.
La diferencia entre repetir 2020 y responder mejor no dependerá de adivinar cuál será el próximo virus. Dependerá de haber construido un sistema capaz de reconocerlo rápidamente, reaccionar sin improvisación y, sobre todo, modificar su conducta cuando la evidencia indique que una estrategia que ayer era necesaria hoy ha dejado de serlo.
Bibliografía
- Coalition for Epidemic Preparedness Innovations. The 100 Days Mission. CEPI. CEPI — The 100 Days Mission.
- The Royal Society. COVID-19: examining the effectiveness of non-pharmaceutical interventions. 2023. Royal Society — Non-pharmaceutical interventions.
- Poder Ejecutivo Nacional. Decreto 297/2020. Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio. 19 de marzo de 2020. Argentina.gob.ar — Decreto 297/2020.
- Ministerio de Salud de la Nación. El país aumentó en un 37% la cantidad de camas de terapia intensiva durante el aislamiento social. 7 de julio de 2020. Argentina.gob.ar — Ampliación de camas de terapia intensiva.
- Poder Ejecutivo Nacional. Decreto 520/2020. Distanciamiento y Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio. 7 de junio de 2020. Argentina.gob.ar — Decreto 520/2020.
- Poder Ejecutivo Nacional. Decreto 875/2020. Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio y Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio. 7 de noviembre de 2020. Argentina.gob.ar — Decreto 875/2020.
- Larrosa JMC. SARS-CoV-2 in Argentina: lockdown, mobility, and contagion. J Med Virol. 2021;93:2252-2261. doi:10.1002/jmv.26659. PubMed.
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- World Health Organization. A decision framework for effective, equitable and context-specific public health and social measures during public health emergencies. 2025. WHO — PHSM Decision Navigator.
- World Health Organization. Public health intelligence for a safer world: WHO Hub for Pandemic and Epidemic Intelligence strategy 2026-2030. 2026. WHO — Pandemic Intelligence Hub 2026-2030.
- Organización Panamericana de la Salud. La OPS anuncia acuerdo para reservar suministro de vacunas contra influenza pandémica para América Latina y el Caribe. 12 de mayo de 2026. OPS.
- World Health Organization. Amended International Health Regulations enter into force. 19 de septiembre de 2025. WHO — Reglamento Sanitario Internacional enmendado.
- World Health Organization. World Health Assembly adopts historic Pandemic Agreement. 20 de mayo de 2025. WHO — Acuerdo sobre Pandemias.
- World Health Organization. Member States advance negotiations on pathogen access and benefit-sharing. 18 de septiembre de 2026. WHO — Negociaciones PABS.
- FAO, WHO, WOAH. Updated joint public health assessment of recent highly pathogenic avian influenza A(H5) virus events in animals and people. 18 de mayo de 2026. WHO — Evaluación internacional de influenza A(H5).
- World Health Organization. Nipah virus. 29 de enero de 2026. WHO — Virus Nipah.
- World Health Organization. WHO statement on notification of withdrawal of the United States. 24 de enero de 2026. WHO — Retirada de Estados Unidos.
- World Health Organization. Seventy-ninth World Health Assembly – Daily update: 22 May 2026. WHO — Asamblea Mundial de la Salud y Argentina.
- Organización Panamericana de la Salud. Estados Miembros de la Organización Panamericana de la Salud. OPS — Estados miembros.
- Ministerio de Salud de la Nación. Malbrán firma un acuerdo con Illumina para fortalecer la vigilancia genómica en Argentina. 4 de agosto de 2026. Argentina.gob.ar — Vigilancia genómica.
- Ministerio de Salud de la Nación. El primer laboratorio de máxima categoría en seguridad biológica de América Latina se encuentra en la ANLIS Malbrán. 2 de octubre de 2025. Argentina.gob.ar — Laboratorio BSL-4.
- Organización Panamericana de la Salud. Argentina fortalece sus capacidades para anticipar la evolución de los virus respiratorios. 30 de septiembre de 2026. OPS — Modelado predictivo en Argentina.


